La primera vez que estuve en el Ariari, Meta, me dediqué a escuchar los testimonios de los desplazados de la Unión Patriótica.
Iván Cepeda Castro
a primera vez que estuve en el Ariari, Meta, me dediqué a escuchar los testimonios de los desplazados de la Unión Patriótica. Una señora me contó las experiencias de persecución a las que había hecho frente. Su esposo fue uno de los 2.500 miembros de la UP asesinados en ese departamento en las últimas dos décadas. Luego de haber sobrevivido a dos masacres, ella y sus niños llegaron a la periferia de Villavicencio. Pero allí tampoco encontraron la tranquilidad. Su hija fue sacada del aula de clases durante una inspección practicada por la policía en la escuela. Ante sus compañeras, reunidas en el patio del plantel, el capitán que dirigía el operativo la acusó de ser hija de guerrilleros. La niña no volvió al colegio desde ese día. Su mamá decidió ahorrarle nuevos vejámenes.
Otra de las desplazadas me relató lo que ocurrió el día en que a ella y a su esposo los emboscaron los paramilitares en una calle del municipio de El Castillo. A él lo mataron y a ella la hirieron. Al día siguiente cuando estaban velando el cadáver y realizando un ritual religioso, se presentaron de nuevo los agresores. Colocaron un equipo de sonido al frente de la iglesia y se pusieron a bailar y a beber aguardiente. Luego intentaron intimidar a los familiares para impedirles ir al cementerio a darle sepultura al occiso.
Además de ser perseguidos con métodos de terror, los habitantes del Ariari han vivido bajo un régimen despótico. Hubo un tiempo en que el alcalde de la localidad decidió tomar medidas para limitar la compra de alimentos por cada familia. El ejército vendía los cupones de racionamiento para que los pobladores adquirieran una cantidad restringida de víveres en las tiendas administradas por los paramilitares. El control social se impuso después de años de violencia continua. En El Castillo tres alcaldes elegidos por la UP fueron asesinados y otro más tuvo que partir al exilio.
El pasado 3 de junio se conmemoraron 15 años desde la tarde en que en el sitio de Caño Sibao se dio muerte a la alcaldesa saliente de El Castillo, María Mercedes Méndez, al alcalde entrante, William Ocampo, y a tres funcionarios más de esa municipalidad. Un grupo paramilitar emboscó el vehículo en que se movilizaban y les lanzó varias granadas. Para conmemorar este aniversario cientos de personas vinieron de diversas regiones del país y de las veredas vecinas. Llenaron la plaza de la localidad. Por primera vez en muchos años en ese sitio se hizo un acto para honrar a las víctimas. En aquella tarde se escucharon las palabras de homenaje a la primera alcaldesa elegida por voto popular, y los cantos de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad.
El Castillo es un símbolo en Colombia de la negación de la democracia. Por eso el masivo acto del pasado 3 de junio tiene un alto significado. Es la expresión pública de la voluntad de que los desplazados y los perseguidos vuelvan a El Castillo y puedan trabajar libremente para hacer realidad sus proyectos de vida. Es la expresión de la voluntad ciudadana de no olvidar la historia de los aparatos criminales de los políticos tradicionales usados para eliminar a sucesivos líderes de oposición legalmente elegidos.
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En una entrevista que me hizo la revista Proceso de México afirmé que el embajador Luis Camilo Osorio debería ser declarado por el gobierno mexicano persona non grata. En vez de dilapidar millones de dólares en campañas publicitarias para intentar mejorar la imagen del país, lo que el gobierno colombiano tendría que hacer es, en primer lugar, depurar el servicio diplomático de personas cuyas actuaciones son objeto de investigaciones judiciales.
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